El Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Educación del Ecuador, está comprometido con la erradicación de todas las formas de violencia en el Sistema Nacional de Educación, por lo que, de forma prioritaria trata al acoso escolar, mediante la aplicación de estrategias, de rutas y protocolos, capacitación a las autoridades de los distritos educativos y difusión de guías de acoso escolar.
Así mismo, el Ministerio de Educación tiene entre sus responsabilidades, “garantizar la implementación de planes, programas y proyectos para la convivencia armónica y la cultura de paz”. Por otro lado debe garantizar que los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) de cada Unidad Educativa estén conformados por psicólogos clínicos, psicólogos educativos y trabajadoras sociales quienes están en la obligación de aplicar las rutas y protocolos establecidos desde el año 2013, para dar respuesta oportuna a cada caso que se suscite dentro de las Instituciones Educativas. Para ello, el DECE, elabora un informe, convoca a los involucrados del hecho, establece causas, activa los protocolos en el Código de Convivencia, y en el Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Sin embargo, no todas las instituciones las aplican correctamente o simplemente no las aplican en los casos necesarios, por lo que, aquellas Instituciones Educativas que no apliquen los protocolos serán sancionadas, así como también, estarán sujetos de sumarios y destitución o pago de indemnización al afectado por parte de los representantes del DECE. Por lo que, se detallan las principales limitaciones en las rutas y protocolos aplicados en el sistema educativo ecuatoriano a tomar en cuenta para mejorar esta situación.
1, Escasa participación de la familia: La falta de involucramiento de padres, representantes y la comunidad en general impide una intervención más efectiva y sobre todo sostenible.
2. Deficiencia en la capacitación del personal: Docentes y autoridades educativas carecen de formación suficiente para identificar, atender y derivar correctamente los casos de vulnerabilidad.
3. Procesos burocráticos lentos: Los tiempos de respuesta ante una denuncia suelen ser prolongados, lo que retrasa la protección de los estudiantes en riesgo.
4. Poca articulación interinstitucional: La coordinación entre el sistema educativo, el Ministerio de Salud, la Policía y otros organismos es deficiente, lo que dificulta una respuesta integral y oportuna.
5. Falta de seguimiento y monitoreo: Una vez detectado un caso, no siempre se hace un seguimiento adecuado, lo que puede llevar a la reincidencia o agravamiento de la situación.
Por ello, es necesario tomar en cuenta estás problemáticas para dar soluciones y así favorecer la respuesta rápida y eficaz del Sistema Educativo ante situaciones de vulnerabilidad, protegiendo a los estudiantes y previniendo futuros casos.
Referencias:
Mora, G. y Acurio, J. (2017). Cyberbullying: Una realidad de intimidación en las Unidades Educativas del Ecuador. Revista Atlante: Cuadernos de Educación y Desarrollo. En línea.
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